El pasado martes se presentó un informe
demoledor sobre la pobreza en España, en el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU, realizado por Philip Alston, exrelator de este
organismo internacional. En dicho documento, se constata que en
nuestro país entre 2007 y 2017 los ingresos del 1% más rico
crecieron un 24%, mientras que para el 99% restante subieron menos de
un 2%. La recuperación después de la recesión ha dejado a muchas
personas atrás, con políticas económicas que benefician a las
empresas y a los ricos, mientras
que los grupos menos privilegiados han de lidiar con servicios
públicos fragmentados
que sufrieron serios
recortes después de 2008 y nunca se restauraron.
En dicho documento, que nos avergüenza
totalmente, se constata que el 26,1 % de la población y el 29,5 % de
las niñas y niños se encontraban en riesgo de pobreza o exclusión
social en 2018, que el porcentaje de las personas menores de
25 años que no tienen empleo alcanza el 30,51%, que muchas personas tienen un puesto mal
remunerado, a tiempo parcial o temporal y perciben un sueldo
insuficiente a todas luces para atender sus necesidades básicas. En
pocas palabras que los índices de desigualdad en España
son terriblemente altos, y los correspondientes indicadores se sitúan
muy por encima del promedio de la Unión Europea.
¿Nadie de nuestra clase política se va
a sonrojar ante este panorama tan desolador?
La puesta en funcionamiento, hace pocas
semanas, del Ingreso Mínimo Vital es un primer paso para erradicar
esta extrema pobreza, pero resulta insuficiente si no se abordan
otras medidas. Por ello, urge que en todos los ámbitos territoriales
se tome en
serio el derecho a la vivienda, aumentando considerablemente las
inversiones en vivienda protegida, desincentivando fiscalmente que se
dejen viviendas vacías, adoptando medidas para desalentar la
manipulación de los mercados de la vivienda por los “fondos
buitre”, estudiando seriamente la posibilidad de introducir
sistemas avanzados y flexibles para controlar los alquileres en las
principales ciudades, actuando para impedir la privatización de las
viviendas de bajo costo existentes, sin olvidar proteger mejor a los
hogares vulnerables contra los cortes de electricidad y de
suministros básicos y apoyar más a las personas que corren el
riesgo de quedarse sin hogar.
También ha llegado el momento de
realizar una verdadera reforma fiscal, para que sea real
la
progresividad del sistema tributario español y se incrementen los
ingresos totales para que se ajusten más a la norma de la Unión
Europea,
lo que permitirá obtener los recursos necesarios para
financiar adecuadamente la protección social. No hay medias tintas,
el impuesto a las grandes fortunas debe ser una prioridad del
gobierno de coalición, aprobando una nueva norma para que paguen
mucho más los que más tienen. Llegó la hora de aumentar el tipo
efectivo del impuesto de sociedades e invertir en programas más
eficaces para combatir la elusión de impuestos y el fraude fiscal.
La red de protección social en nuestro
país ya era completamente inadecuada antes del Covid-19, pero desde
entonces la pandemia ha puesto en evidencia cuán profundamente le
está fallando a la gente. No se puede seguir tolerando que tantas
personas vivan en condiciones tan indignas. Nuestra clase política
no puede aparcar por más tiempo su responsabilidad para hacer frente
a esta extrema pobreza.
PD.- Con este
artículo damos carpetazo al convulso curso 19/20, nos tomaremos unas
semanas de descanso y reflexión. Nos volvemos a leer en septiembre.
Buen verano para todas y todos.
¡La lucha
sigue!
