viernes, 27 de enero de 2023

EL TESORO DE AROLSEN

El 2 de abril de 2022, Juan Ocaña estaba feliz. Había hecho un largo viaje desde Marsillargues (Francia) hasta Albacete. Casi mil kilómetros. Pero merecía la pena. El Ayuntamiento de Albacete iba a instalar ese mismo día 25 stolpersteine, o “piedras de la memoria”, como homenaje a los veinticinco albaceteños deportados a campos de concentración nazis tras la Guerra Civil. Entre ellos se encontraba José Ocaña García, su padre, que entre 1941 y 1945 había recorrido los campos de Mauthausen, Gusen y Ebensee, donde fue liberado. Ahí es nada: casi cinco años de esclavitud, miseria y torturas por haber defendido la legalidad democrática en España. Habían tenido que pasar casi cincuenta años desde la muerte del dictador para que su nombre figurase en un lugar público de su ciudad. ¡Casi cincuenta años de supuesta democracia! Pero, bueno, más vale tardísimo que nunca. Aquella fría mañana de primavera, Juan descendió del coche con el sentimiento de que, por fin, ¡por fin!, se iba a reparar la memoria de su padre. Había merecido la pena esperar. Lo que jamás habría esperado Juan era aparcar en la calle Alcalde Martínez de la Ossa, famoso “divisionario azul” y mandamás franquista que había despreciado y humillado a su familia hasta extremos insoportables por ser “rojos”. O sea, que la ciudad de Albacete estaba homenajeando, a la vez, a las víctimas y a los verdugos. Así ha sido nuestra bendita Transición.

Y así sigue siendo. Nuestro país habla de memoria histórica con la boca pequeña. Somos una democracia acomplejada. En la tapia del cementerio de Albacete donde fueron fusiladas 750 personas entre 1939 y 1948, se levantó hace unos años un monumento “a los que amaron la paz”. ¿Cómo que a los que amaron la paz? ¿Qué es, un monumento a Gandhi? ¿O a Heidi? Nuestra ciudad fue la sede de las Brigadas Internacionales: ¿no sería lógico instalar placas informativas que permitan realizar un recorrido por sus principales localizaciones? En la oficina de información de Toulouse proporcionan a los visitantes un plano con las sedes, lugares de reunión, hospitales, etc. del exilio español. ¡En Toulouse! ¿Por qué no podemos hacer aquí algo parecido? En la plaza del Altozano se conserva un refugio construido durante la guerra. Está abierto al público, pero el lugar está apenas señalado con un folio cogido con papel celo. ¿Es esa la forma de dignificar un hito de nuestra memoria colectiva? Tenemos monumentos a toreros, emperatrices del año catapún y caballos salvajes: ¿para cuándo un monumento dedicado a las víctimas de la dictadura? En el lado positivo, reconforta ver cómo se multiplican las publicaciones relacionadas con el papel de la mujer en la lucha contra el fascismo. Buenos ejemplos de ello son Aquí estamos nosotras de Ana Bascary; De color de amapola, de Lola Alemany; o la recién salida de imprenta Condenadas a muerte, de María de los Llanos Pérez.

Pero hoy es 27 de enero, día de la liberación del campo de Auschwitz y Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Volvamos al tema de los deportados. Según el Banco de Datos de la Memoria Democrática de la Amical de Mauthausen, 9195 españoles/as fueron deportados a campos nazis, de los cuales murieron o fueron asesinados 5260. De ellos, 176 habían nacido en la provincia de Albacete. Murieron 95. Las cifras fluctúan dependiendo de las fuentes. Aún no lo sabemos todo. Por eso nos parece importantísimo el trabajo que están haciendo Alicia Pérez, investigadora predoctoral, y Antonio Muñoz, investigador del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. Ambos están indagando en el Archivo Arolsen y rescatando del olvido a deportados no contabilizados ni en el mencionado Banco de la Amical, ni en la base de datos de PARES (el portal de archivos españoles) que, a su vez, utiliza la información proporcionada por Sandra Checa y Benito Bermejo en su Libro memorial. Españoles deportados a campos nazis (1940-45). Al respecto, Alicia y Antonio ya han descubierto cuatro deportados “nuevos” de la provincia de Albacete: Ramón González García (Yeste), Antonio Rodríguez Bordallo (Caudete), Pedro Picazo Morote (comarca de Letur) y Jesús Milla Serrano (Montealegre del Castillo). Pero su labor no se limita a completar la lista de deportados. También están ayudando a recuperar objetos que les fueron arrebatados al ingresar en los campos de concentración. Algunas familias ya se han reencontrado con esos valiosos recuerdos, donados por el Archivo Arolsen en el marco del programa #StolenMemory (Memoria robada). A su vez, archivos de Asturias, Cataluña, Murcia y Andalucía también han recibido algunos de esos objetos pertenecientes a deportados. Y desde hace un par de años, el reloj y el anillo que le arrebataron las SS al montealegrino Jesús Milla Serrano se encuentran depositados en el Centro de Documentación de la Memoria Histórica de Salamanca. Se enviaron allí cuando aún no se sabía que Jesús era de Albacete. Por lo que respecta a los archivos castellanomanchegos, Alicia y Antonio se han puesto en contacto con la administración regional para obrar de forma similar. De ese modo, por ejemplo, el Archivo Provincial de Albacete podría recibir el anillo de Antonio Rodríguez Bordallo, tal y como desea su misma familia, pero la Junta de Comunidades se niega a aceptar la donación. Nos consta que también ha rechazado el reloj y la pluma del deportado toledano Arturo Casarrubias. Así, sin dar más explicaciones. Es increíble. Estamos a punto de perder definitivamente elementos insustituibles de nuestra memoria colectiva por culpa de un gobierno que no sabe ya qué hacer para ganar el voto de la derecha y de la extrema derecha.

La buena noticia es que aún hay tiempo. La Junta aún puede rectificar. No tiene que irse muy lejos para aprender. Basta con que eche un vistazo a lo que se está haciendo en comunidades vecinas tan poco sospechosas de bolchevismo como Murcia o Andalucía. Por ejemplo, el Archivo General de Murcia organizó en 2021 una exposición con decenas de objetos pertenecientes a deportados. Y el de Andalucía instaló hace unas semanas treinta y dos carteles que relatan la historia de veintitrés andaluces recluidos por el nazismo en campos de concentración. La muestra, que también incluye algunos efectos personales de cuatro deportados, estará abierta hasta el 15 de mayo. Ambas iniciativas guardan relación con el mencionado proyecto #StolenMemory. O sea, que las cosas se pueden hacer bien, aunque solo sea por quedar bien. Porque lo malo no es que Castilla-La Mancha haya despreciado un anillo, una pluma y un reloj. Lo malo, lo peor, lo imperdonable, es que, con ese gesto, la administración regional ha despreciado y ha humillado a las personas deportadas y a sus familias. Porque esos objetos no son simples objetos: son el símbolo de muchas luchas, son el depósito de mucho sufrimiento, son un tesoro de esperanza.

Seguiremos informando.



@CPuenteMadera


 

jueves, 12 de enero de 2023

PODER JUDICIAL: DEMASIADOS PROBLEMAS


Mucho se habla de la separación de poderes en nuestro país. El legislativo, el ejecutivo y el poder judicial caminan, en este frágil sistema, con demasiadas e injustificables intromisiones entre ellos.

Hay hechos gravísimos que resultan insoportables. Hace escasamente un mes se adoptó una decisión inédita en democracia. El Tribunal Constitucional (TC) acordó suspender la tramitación de la reforma con la que el Gobierno quería desbloquear la renovación de parte de sus integrantes, que tenían el mandato caducado. El tribunal de garantías cortó el procedimiento legislativo que se había iniciado en el Congreso y que quedaba en manos del Senado, sin dejar que en esta Cámara Alta se produjera el debate y votación sobre la norma. También es incomprensible cómo la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de los jueces, lleva más de cuatro años bloqueada por el Partido Popular, que por espurios intereses impide que la democracia funcione en este imprescindible órgano del gobierno judicial. El PP, como un partido antisistema, olvida interesadamente que las leyes actuales indican que las mayorías políticas en el Parlamento, donde reside la soberanía popular, han de tener su reflejo en el Poder Judicial y el Constitucional. Esto va por muy mal camino, pues la renovación del CGPJ, cumpliendo el mandato constitucional, es clave, ya que de él dependen nombramientos que pueden agilizar los procesos judiciales.

Pero algo empieza a moverse. El pasado 24 de diciembre, el CGPJ nombró a los dos magistrados que les correspondía para el Tribunal Constitucional que, junto a los dos elegidos por el Gobierno, facilitaron la sustitución de los cuatro miembros que tenían su mandato caducado en el TC. El intérprete supremo de la Constitución empezará a “trabajar” con su nuevo presidente Cándido Conde-Pumpido a la cabeza; toca remangarse y empezar a resolver con diligencia los deberes acumulados, resolviendo los recursos contra la ley del aborto, la de eutanasia, la reforma laboral, o la ley de educación, entre otras. Deben ganarse su sueldo, por el bien de todas y todos.

En un estado de derecho, es vital que los jueces realicen con independencia su labor, dado que ellos son los encargados de adoptar la decisión definitiva con respecto a la vida, la libertad, los derechos, los deberes y los bienes de la ciudadanía. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indica claramente que “la independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación de cada país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”. ¿Verdad que esto suena a ciencia ficción? O lo mismo es que esta resolución de las Naciones Unidas no es de aplicación en España (¿?).

Recordamos, una vez más, que el barómetro del CIS de julio de 2019 preguntaba sobre el Servicio Público de Justicia en nuestro país, y el 48% de los españoles opinaba que la Justicia funcionaba mal o muy mal. En ese mismo barómetro, el 61% de los encuestados consideraba que los medios con los que cuenta la Justicia son insuficientes y las tres primeras carencias señaladas son: falta de jueces, falta de medios informáticos y falta de personal auxiliar, lo que provoca la excesiva lentitud de nuestros Tribunales, siendo un indicativo de lo que siempre se ha hablado: la justicia tardía es injusticia.

Además, consideramos que existen otros problemas en el poder judicial español, dado que bebe directamente de la dictadura franquista, donde el acceso a la carrera judicial sigue estando, mayoritariamente, dominado por un círculo muy conservador, cerrado y elitista, y que sus altas esferas sirven para alterar y capar procesos democráticos. Lamentablemente, el poder judicial es la puerta de atrás del Estado español, aquella a través de la que se imponen las medidas que los poderes fácticos no logran sostener por medios democráticos.

En el libro de Joaquim Bosch Grau e Ignacio Escolar “El Secuestro de la Justicia: Virtudes y problemas del sistema judicial” (Roca Editorial de Libros, Barcelona 2018), los autores realizan una crítica sin tapujos de la pequeña pero poderosa capa superior del mundo de la justicia: Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional, y también la Fiscalía General del Estado, así como la Fiscalía Anticorrupción, indicando que estos organismos decisivos han sido manipulados por el poder político, hasta el punto de perder incluso la apariencia de independencia. Algo que tristemente compartimos y que cala en nuestra sociedad, indicándonos que una verdadera reforma de la Justicia española resulta imprescindible para seguir construyendo, con unos cimientos sólidos, el edificio de nuestra democracia.



@CPuenteMadera


DEDICATORIA: Queremos dedicar este artículo de opinión a la memoria del compañero Javier Marcellán (Pancho), que falleció el pasado 10 de enero. Es una gran pérdida. Se nos ha ido una persona excepcional, un imprescindible, que luchó, junto a Isabel Vidosa, por los más desfavorecidos.

¡Hasta siempre, amigo Pancho!