Mucho se habla de la separación de poderes en nuestro país. El legislativo, el ejecutivo y el poder judicial caminan, en este frágil sistema, con demasiadas e injustificables intromisiones entre ellos.
Hay hechos gravísimos que resultan insoportables. Hace escasamente un mes se adoptó una decisión inédita en democracia. El Tribunal Constitucional (TC) acordó suspender la tramitación de la reforma con la que el Gobierno quería desbloquear la renovación de parte de sus integrantes, que tenían el mandato caducado. El tribunal de garantías cortó el procedimiento legislativo que se había iniciado en el Congreso y que quedaba en manos del Senado, sin dejar que en esta Cámara Alta se produjera el debate y votación sobre la norma. También es incomprensible cómo la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de los jueces, lleva más de cuatro años bloqueada por el Partido Popular, que por espurios intereses impide que la democracia funcione en este imprescindible órgano del gobierno judicial. El PP, como un partido antisistema, olvida interesadamente que las leyes actuales indican que las mayorías políticas en el Parlamento, donde reside la soberanía popular, han de tener su reflejo en el Poder Judicial y el Constitucional. Esto va por muy mal camino, pues la renovación del CGPJ, cumpliendo el mandato constitucional, es clave, ya que de él dependen nombramientos que pueden agilizar los procesos judiciales.
Pero algo empieza a moverse. El pasado 24 de diciembre, el CGPJ nombró a los dos magistrados que les correspondía para el Tribunal Constitucional que, junto a los dos elegidos por el Gobierno, facilitaron la sustitución de los cuatro miembros que tenían su mandato caducado en el TC. El intérprete supremo de la Constitución empezará a “trabajar” con su nuevo presidente Cándido Conde-Pumpido a la cabeza; toca remangarse y empezar a resolver con diligencia los deberes acumulados, resolviendo los recursos contra la ley del aborto, la de eutanasia, la reforma laboral, o la ley de educación, entre otras. Deben ganarse su sueldo, por el bien de todas y todos.
En un estado de derecho, es vital que los jueces realicen con independencia su labor, dado que ellos son los encargados de adoptar la decisión definitiva con respecto a la vida, la libertad, los derechos, los deberes y los bienes de la ciudadanía. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos indica claramente que “la independencia de la judicatura será garantizada por el Estado y proclamada por la Constitución o la legislación de cada país. Todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”. ¿Verdad que esto suena a ciencia ficción? O lo mismo es que esta resolución de las Naciones Unidas no es de aplicación en España (¿?).
Recordamos, una vez más, que el barómetro del CIS de julio de 2019 preguntaba sobre el Servicio Público de Justicia en nuestro país, y el 48% de los españoles opinaba que la Justicia funcionaba mal o muy mal. En ese mismo barómetro, el 61% de los encuestados consideraba que los medios con los que cuenta la Justicia son insuficientes y las tres primeras carencias señaladas son: falta de jueces, falta de medios informáticos y falta de personal auxiliar, lo que provoca la excesiva lentitud de nuestros Tribunales, siendo un indicativo de lo que siempre se ha hablado: la justicia tardía es injusticia.
Además, consideramos que existen otros problemas en el poder judicial español, dado que bebe directamente de la dictadura franquista, donde el acceso a la carrera judicial sigue estando, mayoritariamente, dominado por un círculo muy conservador, cerrado y elitista, y que sus altas esferas sirven para alterar y capar procesos democráticos. Lamentablemente, el poder judicial es la puerta de atrás del Estado español, aquella a través de la que se imponen las medidas que los poderes fácticos no logran sostener por medios democráticos.
En el libro de Joaquim Bosch Grau e Ignacio Escolar “El Secuestro de la Justicia: Virtudes y problemas del sistema judicial” (Roca Editorial de Libros, Barcelona 2018), los autores realizan una crítica sin tapujos de la pequeña pero poderosa capa superior del mundo de la justicia: Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional, y también la Fiscalía General del Estado, así como la Fiscalía Anticorrupción, indicando que estos organismos decisivos han sido manipulados por el poder político, hasta el punto de perder incluso la apariencia de independencia. Algo que tristemente compartimos y que cala en nuestra sociedad, indicándonos que una verdadera reforma de la Justicia española resulta imprescindible para seguir construyendo, con unos cimientos sólidos, el edificio de nuestra democracia.
DEDICATORIA: Queremos dedicar este artículo de opinión a la memoria del compañero Javier Marcellán (Pancho), que falleció el pasado 10 de enero. Es una gran pérdida. Se nos ha ido una persona excepcional, un imprescindible, que luchó, junto a Isabel Vidosa, por los más desfavorecidos.
¡Hasta siempre, amigo Pancho!
No hay comentarios:
Publicar un comentario