Hace unos cinco años ya escribíamos sobre uno de los grandes problemas de nuestro país, pues el acceso a una vivienda digna era misión imposible para la clase trabajadora, dado que el derecho a la vivienda chocaba con lo que las élites y el sistema capitalista salvaje defendían y no era otra cosa que considerarlo como un instrumento de negocio, un producto estratégico de los mercados. El tiempo pasa muy rápido, y la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones de la mayoría de la ciudadanía. España se enfrenta a una crisis de acceso a la vivienda que se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos del país en los inicios de 2026. Los precios de compraventa y, especialmente, de alquiler han alcanzado niveles récord en muchas ciudades, mientras que los salarios no crecen al mismo ritmo. Esto genera exclusión residencial, sobrecarga económica en las familias (con alquileres que absorben hasta el 50-60% de los ingresos en algunos casos) y tensiones demográficas y territoriales.
Un factor clave que agrava esta situación es el déficit estructural de vivienda pública y social protegida. España cuenta con un parque de vivienda social muy bajo, en comparación con Europa, pues representa solo alrededor del 3% del stock total de viviendas (según diversas fuentes como Eurostat y Banco de España). La media europea se sitúa en torno al 9%, con países como Países Bajos (30%), Austria (24%) o Dinamarca (20%) muy por delante de nosotros. Este bajo porcentaje se debe a décadas de escasa promoción pública: en los últimos 10-12 años se han calificado o construido muy pocas unidades protegidas (a menudo menos de 15.000 al año), frente a ritmos de 60.000-80.000 anuales en periodos previos a la crisis de 2008. Además, muchas viviendas protegidas antiguas han pasado al mercado libre tras perder su calificación, lo que impide acumular un parque habitacional estable.
Se deben construir muchas más viviendas públicas sociales, y esto no es una opción, es una necesidad imperiosa. Nuestro país no puede permitirse seguir a la cola de Europa en este ámbito si quiere resolver su principal problema social. El camino impulsado en 2025 debe acelerarse drásticamente en 2026 y años siguientes, combinando inversión pública, suelo disponible y modelos de alquiler asequible estables y permanentes. Solo así se podrá garantizar el derecho a una vivienda digna para millones de personas. Recordemos que el derecho a la vivienda está reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Carta Social Europea y la Constitución Española, pero lamentablemente las políticas públicas, como decíamos anteriormente, tratan la vivienda como un simple objeto de mercado, priorizando la propiedad privada y abandonando la construcción de vivienda social.
Centrándonos en Castilla-La Mancha, en nuestra tierra, el problema también es real (subidas fuertes en alquiler, dificultades para jóvenes), pero menos agudo que en Madrid, Barcelona o Baleares gracias a precios base más bajos. La clave estará en si la nueva oferta (pública y privada) logra equilibrar la demanda en los próximos 2-3 años, especialmente en zonas tensionadas como Albacete o el eje Toledo-Guadalajara. Aunque los precios absolutos siguen siendo de los más bajos del país, se observa un encarecimiento notable en los últimos años, especialmente en alquiler, junto a dificultades de acceso para jóvenes y familias de rentas medias-bajas. Aunque Castilla-La Mancha no está entre las más caras (precios ≈30-40% por debajo de media nacional), el ritmo de aumento (especialmente alquiler) genera tensión.
Desde diferentes ámbitos se critica al presidente Emiliano García-Page por la política de vivienda social y de alquiler en Castilla-La Mancha, dado que Page está haciendo énfasis en rebajas fiscales e incentivos a la oferta pública/privada, olvidando posturas intervencionistas en este terreno. Ya en noviembre de 2025 se dejó pasar una gran oportunidad en la reforma del Estatuto de Autonomía, pues excluye la vivienda como un derecho fundamental, el nuevo texto estatutario dedica más tiempo al aumento de escaños en las Cortes regionales que a blindar derechos sociales clave como el acceso a una vivienda digna.
Debemos presionar para que se haga realidad una nueva Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha, donde se garantice el derecho a una vivienda digna y se aporten soluciones estructurales como más parque público de alquiler social, no todo quede en anuncios de construcción y después la mayoría sin ejecución. La vivienda no puede seguir siendo un negocio para unos pocos mientras se convierte en un problema para la mayoría. Defender la vivienda es defender la dignidad y la calidad de vida de jóvenes, trabajadores y personas vulnerables.
Es el momento de poner la vivienda en el centro de la agenda pública, donde se camine hacia un Pacto de Estado para lograr un compromiso de todas y todos con un modelo de vivienda más justo, asequible y accesible para todas las personas.
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