VUELTA A LA BENEFICENCIA

          El austericidio propugnado y diseñado por la Troika (FMI, BCE  y la Comisión Europea), llevado hasta sus últimas consecuencias por Mariano Rajoy y su fiel escudera, Loli de Cospedal, nos está llevando a un precipicio social de difícil salida.

            En nuestras últimas reflexiones, en voz  alta y con letra gruesa, nos hemos centrado en la defensa de la Sanidad y de la Educación Pública, como pilares fundamentales para el progreso de la ciudadanía, que día a día son presa de bocados privatizadores, auspiciados por las malas políticas del PP, para beneficio de unos pocos amiguetes. Pero en nuestro artículo de hoy  nos vamos a centrar en la tercera pata del estado del “medioestar” (porque nunca se completó el bienestar del 99% de la población), en el Sistema Público de los Servicios Sociales que va camino del más deplorable exterminio.

            En las últimas semanas hemos podido leer noticias tales como que la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, con el consejero José Ignacio Echániz a la cabeza, mantiene cerradas más de 400 plazas en las residencias y centros públicos de asistencia a mayores, pese a que la demanda y las listas de espera no dejan de crecer. Además, nuestra comunidad se encuentra entre las 8 comunidades autónomas con mayor porcentaje de dependientes en lista de espera, un 22,88%.

            También ha saltado a la prensa que los recortes que nuestra presidenta, Mª Dolores de Cospedal, está realizando sin cesar en nuestra comunidad van a dejar desatendidas a 2500 personas con discapacidad y van a forzar el despido de 106 trabajadores. Y esto se debe a que COCEMFE Castilla La Mancha echa el cierre tras reducir el gobierno las subvenciones para esta entidad.

            A su vez, hemos podido saber que Silvia Valmaña, Directora de General de Familia, Menores y Protección Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, invita a los ayuntamientos a despedir a parte de sus trabajadores de Servicios Sociales porque considera que el número de profesionales que tienen contratados se encuentra por encima de la ratio que contempla la Junta. Esto supondrá el despido de algo más de un centenar de trabajadores, de los 580 que quedan actualmente. Estos despidos se sumarán a los más de 2000 que se han producido desde la llegada de Cospedal al gobierno regional.

            Y como guinda del pastel, la aprobación de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local supondrá la reducción de los Servicios Sociales a su mínima expresión. En esta nueva ley no se menciona el Sistema de Servicios Sociales como competencia propia de las corporaciones locales, como venía siendo hasta ahora.

            Con esta ley se disparan todas las alarmas. Se está intentando dibujar un estado asistencial basado en la beneficencia y caridad, y no en el reconocimiento de derechos sociales. Un estado en el que los derechos sociales de la ciudadanía quedan desdibujados por la imposición de políticas públicas alejadas del ciudadano. Las personas y familias quedan en manos de unas administraciones (diputaciones y comunidades autónomas) que no conocen ni su realidad ni sus necesidades. Estar a merced de la sensibilidad de algunos gestores públicos es un suicidio.

            El desmantelamiento del sistema de servicios sociales de atención primaria y comunitaria no tiene sentido, ni desde el punto de vista de la rentabilidad económica ni de la cohesión social. Se están arrebatando a los ayuntamientos todas sus partidas sociales. Es un asalto: la desprotección de los ciudadanos está servida. Podemos ver claramente cómo el reparto del dinero público depende del interés que tengan los que están al frente del gobierno.

No es el momento de desmantelar lo poco que queda del sistema público de servicios sociales, porque es ahora, precisamente, cuando más gente necesita de los mismos. El panorama es absolutamente desolador, ya que los Servicios Sociales son el último recurso para un número cada vez mayor de personas y familias.

Dolorosamente, estamos asistiendo a un retorno en el tiempo, a una vuelta a la beneficencia y caridad del siglo XIX, a distinguir entre clases sociales, entre los que tienen y los que no tienen recursos. Esta involución se ve plasmada en unas leyes que están subastando todo lo público.

           

@CPuenteMaderaAB

*El colectivo quiere agradecer la imprescindible colaboración de Belén Requena para la elaboración de este artículo.