El pasado 30 de enero se cumplió un año desde que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que el brote de SARS-CoV-2 constituía una emergencia de salud pública internacional. Desde ese momento, la maquinaria de la industria farmacéutica empezó a trabajar en busca de las tan ansiadas vacunas contra la COVID-19. Aún siendo un negocio para esta oligarquía, las vacunas constituyen la esperanza de la humanidad para superar esta pandemia. Diferentes países con potentes industrias farmacéuticas vieron la necesidad estratégica de conseguir avances y garantizarse una futura producción en vacunas y terapias que frenaran la epidemia por sus devastadoras consecuencias en la población y en la economía.
A partir del reciente enfrentamiento de la Comisión Europea con AstraZeneca, por los incumplimientos de contrato de esta última en las cantidades de dosis y calendario de suministro de las vacunas, se ha puesto en primera línea de debate el papel de las Farmacéuticas para preservar la salud de los hombres y mujeres de este planeta.
Conviene recordar que el mercado farmacéutico mueve más de 200.000 millones de dólares al año. Un monto superior a las ganancias que brindan la venta de armas o las telecomunicaciones. Por cada dólar invertido en la fabricación de un medicamento se obtienen mil en el mercado. Y las multinacionales farmacéuticas saben que se mueven en un terreno de juego seguro: si alguien necesita un medicamento, no va a escatimar dinero para comprarlo. Pero… ¿qué ocurre si no tienes el dinero suficiente para comprar ese fármaco? Pues que no importas, que no significas nada para esta sociedad capitalista cuyo único fin es el beneficio económico puro y duro. Este mercado, además, es uno de los más monopolizados del planeta, ya que sólo 25 corporaciones copan el 60 por ciento del total de ventas. La globalización ha permitido que se desarrolle una nueva forma de poder, la farmacocracia, capaz de decidir qué enfermedades y qué enfermos merecen cura, ha convertido la enfermedad en un negocio.
La globalización le ha permitido a las farmacéuticas maximizar sus beneficios ya que compran las materias primas en los países donde son más baratas (países en vías de desarrollo), instalan sus fábricas en donde las condiciones laborales son más ventajosas y venden sus productos fundamentalmente en los países donde la población tiene mayor poder adquisitivo y los servicios de salud están más desarrollados.
Los grandes beneficios de la industria se complementan con la desatención de aquellos medicamentos que aun siendo efectivos tienen una baja rentabilidad, sin ir más lejos, no hace mucho se ha denunciado que en España hay desabastecimiento de 170 medicamentos cuyo suministro no se asegura por las farmacéuticas porque tienen muy bajos precios y/o porque han desarrollado alguna alternativa de eficacia similar pero de mayor precio, lo que evidencia, una vez más que las farmacéuticas solo se preocupan por sus extraordinarios beneficios y no por la salud de la población.
Hace años, ante la crisis de la hepatitis C, nos dimos cuenta que somos rehenes de las multinacionales farmacéuticas, a las que se les compraba el “Sofosbuvir” a casi 60.000 € por cada tratamiento de 12 semanas, cuando sus costes no pasan de 115 euros, ¡¡casi 600 veces!! Fue el momento de apostar por saltarse las barreras comerciales en base al criterio de utilidad pública, lo que permitía la ley, e incluso el Parlamento Europeo reconoció. Pero una vez más los intereses de unos pocos primaron por encima de la salud de la ciudadanía, la industria farmacéutica hizo su agosto y el pueblo puso los muertos.
Ante este panorama, está más que demostrado que nuestras vidas están en manos de la farmacocracia, por lo que resulta imprescindible caminar hacia la construcción de una industria farmacéutica pública nacional, o mejor en el ámbito europeo. Visto lo visto no estamos libres de futuras pandemias, por lo que desde lo público se debe garantizar la salud de todos y todas y el abastecimiento de vacunas para toda la población. Resulta necesario la creación de un sistema de farmacia público, para hacer frente a los chantajes de las multinacionales, tarea nada fácil de conseguir, porque va contra la tendencia neoliberal de privatizar y adelgazar el estado, y se encontrará con una gran resistencia de ese poderoso “lobby” que es Farmaindustria y de las empresas farmacéuticas privadas europeas.
La presencia de una gran empresa farmacéutica pública en nuestro continente daría un gran margen de negociación a las autoridades de la Unión Europea, a la hora de acordar y/o pactar precios y condiciones con las empresas privadas, un margen hasta ahora inexistente, debido en gran parte a la ausencia real de alternativas. También se solucionaría el conocido problema de las patentes y los sistemas que las protegen, una realidad incuestionable, que debería de cambiarse y que solo es factible hacerlo a escala internacional, precisando de actuaciones coordinadas y muy complejas, en las que por supuesto hay que ir dando pasos.
Es el momento de la intervención de los poderes estatales en sectores estratégicos, construyendo una industria pública europea de fabricación de medicamentos y, mientras esto se hace realidad, empecemos por nacionalizar las empresas farmacéuticas y suspender las patentes, dado que está en riesgo nuestra salud, la Salud Pública.
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