Hace unos pocos días, el alcalde de Madrid alabó al general franquista Millán Astray durante la inauguración de un monumento a la Legión.
La recién estrenada Ley de Memoria Democrática recoge, como actos contrarios a la memoria democrática, todos aquellos hechos que supongan la exaltación de la sublevación militar, de la guerra o de la Dictadura, de sus dirigentes y de quienes colaboraron con la represión. Tras la denuncia pública y la evidente trasgresión de la Ley, Almeida ahora niega la mayor y recula, alegando que solo hizo mención a una calle con el nombre de un señor que, según él, solo fundó la Legión. Queremos pensar que es ignorancia, que no hubo intención de engañar a los ciudadanos tomándolos por tontos cuando se olvida de que, además de fundar la Legión, ese señor defendía las tesis de Mussolini y Hitler y dirigía la oficina de prensa y propaganda de Franco durante la guerra y los primeros años de la Dictadura. Algunos historiadores incluso indican que fue imprescindible a la hora de “deshumanizar al enemigo”, es decir, que constituyó una pieza clave a la hora de justificar las matanzas del bando sublevado contra el pueblo y el ejército republicanos.
Ahora el Gobierno estudia si hay delito en las palabras del señor alcalde de Madrid. Seguramente el poder judicial, independientemente de la decisión del gobierno, termine dándole la razón: total, ya sabemos de qué pie cojean demasiados jueces. Pero esta no es la primera vez que dicho alcalde se salta la Ley de Memoria Histórica. Apenas había llegado al poder cuando retiró las placas de la Almudena en homenaje a los madrileños fusilados durante y después de la guerra. De nuevo, queremos pensar que es víctima de su propia ignorancia, y no de ninguna malicia, cuando se salta las leyes que parecen no gustarle al más puro estilo derecha fascista.
Es cuanto menos curioso que unas leyes sean casi sagradas y se cumplan de forma escrupulosa, mientras otras sean transgredidas una y otra vez, alegando tonterías que vienen a resumirse en una pataleta infantofascista en plan “a mí esto no me gusta y me lo cargo”.
Lo que no podemos obviar es que la aplicación de las leyes de Memoria Histórica y Memoria Democrática suscita un debate que no se plantea en otras leyes, ordenanzas o normas, incluso de rango inferior. Por ejemplo, si atravesamos con nuestro coche la calle Rosario de Albacete, peatonalizada hace 2 años, nos sancionarán y pagaremos sin rechistar. Sin embargo, a día de hoy, el escudo inconstitucional que preside la fachada principal del edificio que alberga al órgano supremo de la justicia en Castilla-La Mancha sigue incumpliendo la legalidad vigente, la Ley de Memoria Democrática, sin que por ello sea sancionado el Ministerio de Justicia, que es de quien depende este edificio. ¿Hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo, por otra parte, nuestro Ayuntamiento va a homenajear a personalidades franquistas manteniendo sus nombres en el callejero?
La amnesia democrática sigue aquí.
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