El PSOE, con el ministro José Luis Ábalos a la cabeza, está intentando confundir a la ciudadanía con la futura regulación de la vivienda en España, un compromiso recogido en el pacto de gobierno con Unidas Podemos. El ministro de Transportes y Agenda Urbana ha sacado su ramalazo más neoliberal afirmando que la vivienda es un “bien de mercado” y es éste el que debe autorregular su precio y condiciones. Ha tenido que salir mucha gente para contradecir estas declaraciones tan lamentables, recordando al ministro que no se puede optar por un sistema de beneficios fiscales para “promover” las bajadas de los precios del alquiler de las viviendas, frente al acuerdo programático de la coalición que establece que se impulsarían las normativas necesarias para “poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado”.
Resulta innegable que el sistema capitalista financiero de las últimas décadas ha convertido la vivienda en un instrumento de negocio, un producto estratégico de los mercados. Frente a ello, lejos de reconocerse y desarrollar lo previsto en la Carta Universal de los Derechos Humanos, de lo recogido en la Constitución de la Unión Europea y en la Constitución Española, la apuesta de los anteriores gobiernos en nuestro país ha priorizado la protección de la estabilidad financiera definida por las élites que controlan los mercados desde los que expolian a la ciudadanía de un derecho humano básico.
Para aquellos que siempre se les llena la boca de Constitución y mucha constitución, no está mal recordar lo que dice el artículo 47 de nuestra Carta Magna: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. Pues ya saben los “constitucionalistas” lo que deben defender y cumplir en el terreno de una vivienda digna.
La crisis habitacional en nuestro país es un hecho que nadie puede obviar. Hay más de 32.000 personas sin hogar, tenemos 12 millones de personas en riesgo de exclusión social, se han realizado más de 1 millón de desahucios entre 2008 y el tercer trimestre del 2020, muchos agravados con cláusulas abusivas y ejecutados con una legislación contraria a los estándares europeos, sin importar que hubiera menores o personas mayores dependientes,... Debemos tener en cuenta que en España hay 3,4 millones de viviendas vacías (muchas de ellas en manos de grandes tenedores) y que el Parque de Vivienda Pública y Social es entre 7 y 10 veces menor que el de otros países desarrollados de Europa. Estos datos tan elocuentes manifiestan que una regulación legal urge para garantizar este derecho y no sea un papel mojado más.
Es el momento de cumplir las promesas, es la hora de exigir una ley por el derecho a la vivienda. Por ello, desde este humilde rincón de opinión, apoyamos con todas nuestras fuerzas la iniciativa presentada el pasado 25 de febrero por algunos partidos políticos, defendiendo el manifiesto en nombre de la Iniciativa por una Ley que garantice el derecho a una vivienda digna y adecuada. Queremos una ley justa y social, por lo que nos oponemos a que sea el sector financiero, las grandes inmobiliarias y los fondos buitre quienes dicten el texto de esta Ley tan necesaria.
En el manifiesto anteriormente mencionado se recogen algunas demandas que queremos destacar: Debe ser una ley que garantice el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo; no se deben permitir los desahucios de personas vulnerables sin alternativa; hay que asegurar y ampliar el parque público de alquiler social; regulación estatal de alquileres a precios adecuados a los salarios de la población en cada zona del territorio; se deben garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones; se debe dar una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias; ampliación presupuestaria para vivienda social y políticas sociales de vivienda hasta llegar al promedio europeo de parque público, y por último esta ley debe regular la participación activa de la población en toda la política de vivienda y urbanismo.
El gobierno de coalición tiene tajo y es el momento de cumplir lo pactado en lo relacionado con una vivienda digna para todas y todos. Los derechos humanos no son negociables.
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