Podrías haber sido tú, o tu padre, tu hermana, el frutero, la vecina o tus compañeros de trabajo. O todos al tiempo. Pudimos ser cualquiera, pero no, la barbarie de hace ya 40 años se cebó en Juan Mañas Morales, Luis Montero García y Luis Cobo Mier. ¿Su delito? Ser unos trabajadores que viajaban desde Santander a Pechina (Almería) para acudir a la comunión del hermano de uno de ellos.
No se trata de abrir heridas, sino de cerrarlas. El tiempo por sí solo jamás lo hará y se requiere de justicia y reparación para ello. Es el momento.
Un brutal atentado de ETA con resultado de muertes el día anterior, hizo creer a algunos aburridos guardias civiles que estaban llamados a ser unos héroes pistoleros de un Oeste sin ley, y ya veían su pecho repleto de medallas.
Así, cogieron a tres muchachos inocentes y los torturaron cruelmente, los mutilaron, los acribillaron a balazos y los quemaron, mientras el ministro Rosón habló primero de que iban armados e indocumentados, y que perdieron la vida en accidente de circulación después de que trataran de huir del coche, para cambiar luego su versión y decir que fue “un lamentable y trágico error”. Aún resuenan las palabras de los familiares, llorando, deshechos y preguntando si se les iban a devolver por completo los descuartizados cuerpos de sus seres queridos.
Se demostró la participación de un mínimo de once guardias civiles, de los que tan solo tres fueron juzgados. A pesar de que la sentencia declaró “probado que el teniente Castillo y sus hombres torturaron hasta la muerte a los tres detenidos en un cuartel abandonado llamado Casafuerte y que posteriormente, y con el fin de intentar eliminar evidencias, despeñaron su vehículo por un terraplén, le dispararon numerosas veces y le prendieron fuego”, las condenas fueron irrisorias, no se cumplieron y al salir, obtuvieron grandes cantidades económicas de los fondos reservados del Estado. Para mayor humillación a los familiares, se persiguió duramente a quienes osaron denunciar cuanto había ocurrido.
40 años después, se trata de que al menos el Gobierno de España cambie la ley, y todas “las víctimas de la violencia policial, grupos de ultraderecha y grupos parapoliciales” sean reconocidos como víctimas de terrorismo.
En este sentido, para que se inste al gobierno estatal, se ha presentado una iniciativa en el Parlamento Andaluz por la Asociación Andaluza de Víctimas de la Transición (también incluyen la figura de Manuel José García Caparrós, joven asesinado en una manifestación ¡que pedía la autonomía! en 1977).
Ya en 2018 el Parlamento de Cantabria, aprobó por unanimidad de todos sus miembros y grupos una moción en ese mismo sentido. El mismísimo Miguel Ángel Revilla, personaje nada sospechoso de ser un rebelde izquierdista, reconoció que se había tardado demasiado en honrar la memoria de los tres jóvenes por parte de Cantabria.
Muchas cosas, demasiadas, son ya irreparables, pero al menos, acabemos en parte con esta desvergüenza y honremos a nivel estatal la figura de estos jóvenes inocentes, víctimas, sí, del terrorismo.
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