María Dolores de Cospedal,
Antonio Román Jasanada, alcalde de Guadalajara, y en general el Partido Popular
llevan ya muchos años criminalizando
la protesta ciudadana, como una estrategia de represión política,
implementada mediante la difamación, deslegitimación y judicialización para
debilitar y romper el tejido social bajo argumentaciones relativas a la
seguridad ciudadana. Se han dedicado a la negación o restricción de derechos,
que normalmente afecta a la calidad de vida de los sectores más desfavorecidos
y que acarrea un proceso de descomposición y ruptura social. Consecuencia de
estas negaciones y restricciones, y con el ánimo de evidenciarlas y
combatirlas, una parte de la sociedad en estos últimos tiempos nos hemos
organizado y hemos ejercido nuestro derecho legítimo a la protesta social. Estos
políticos de medio pelo, en vez de asumir las críticas y ejercer su
responsabilidad como garantes de derechos, realizan medidas represivas que van
desde multas, detenciones arbitrarias y judicializaciones, que impiden el
desarrollo de un
estado democrático con mayúsculas.
Lo anterior no es ninguna
invención, y para muestra un caso que nos toca muy de cerca. En septiembre de
2011, tras la llegada al gobierno de Mª Dolores de Cospedal, el Partido Popular
lanzó un ataque salvaje contra la Educación Pública, despidiendo de la noche a
la mañana a 800 interinos en Castilla-La Mancha cuando ya estos tenían asignados sus puestos y muchos de ellos ya se habían
desplazado a sus centros educativos. Fue el origen del mayor ERE que se ha
realizado en Castilla-La Mancha contra la
Educación Pública, que acabó con la desaparición de más de 6000 puestos de
trabajo docente en la oscura legislatura de Mariloli.
Nada más conocerse ese ataque, el
7 de septiembre de 2011, se produjo la primera manifestación de protesta en
Guadalajara contra los recortes del PP. Más de 500 personas, en su mayoría
profesores, se concentraron frente a la Delegación de Educación. Después, de
una manera espontánea, la manifestación se dirigió al Teatro Buero Vallejo
donde se celebraba el pregón oficial de las Fiestas de Guadalajara, que se
interrumpió de forma tranquila con frases y cánticos a favor de la Educación
Pública y en contra de los recortes en educación. A partir de ahí el PP, fiel a
sus tradiciones franquistas lanzó una campaña para criminalizar
esta protesta pacífica, seleccionando aleatoriamente a 5 de los
participantes en la concentración para utilizarlos como cabeza de turco.
El Pleno del Ayuntamiento aprobó
con los votos del PP en solitario “investigar
e identificar” a los involucrados, y finalmente 8 policías locales -4 de
ellos se han retractado-, y el jefe de la Policía Local presentan la denuncia,
aportando partes médicos de lesiones leves. Es significativo que solo a dos de
los 5 se les identificó en el teatro, el resto fueron seleccionados por la
Policía después de visionar las imágenes de la protesta.
Así, cuatro profesores y un
activista recibieron la denuncia de la Policía Local que los acusaba de
"atentado continuado a la autoridad, desórdenes públicos y
agresiones", por lo que se les pide pena de hasta
cuatro años de cárcel y multa de 7000
euros, pese a que los 5 imputados no han sido en ningún momento identificados
como autores de los delitos que se les acusan.
Después de más de cinco años de
la justificada protesta ciudadana, el próximo martes, 14
de febrero, a las 10,30 de la mañana, se iniciará la vista en el proceso
penal contra los 5 del Buero. El juez
Jesús Villegas, titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Guadalajara se ha
salido con la suya, que contra viento y marea decidió procesar a estos cinco
compañeros por cometer el “gran delito” de protestar contra el desmantelamiento
de la Educación Pública. Y lo que es más preocupante todavía, el magistrado
Villegas ha hecho caso omiso de la petición sostenida de sobreseimiento de la
causa por parte de la Fiscalía, que como no puede ser de otra forma no aprecia
ninguno de los delitos que señala la acusación particular, impulsada por el
gobierno municipal del PP, y que el juzgado ha hecho suyos.
A pesar de todos los datos y
pruebas que demuestran que la
movilización no fue violenta en ningún momento, se demuestra una vez más de
qué lado está la justicia. Mientras que estos compañeros se enfrentan a cuatro
años de cárcel por defender la Educación Pública, los grandes estafadores, los
corruptos, los responsables de esta crisis, los que han robado el futuro a
cientos de miles de estudiantes y familias trabajadoras, siguen impunes. Ellos
intentan evitar que luchemos a través de la represión, pero como hemos
demostrado llenando las calles una y otra vez en las mareas, saliendo a movilizarnos
con más fuerza ante la Ley Mordaza, estas
maniobras represivas no nos van a detener.
Este juicio es una auténtica
persecución política, que pretende reprimir los actos de protesta y tomar
venganza, servida bien fría, contra un movimiento que se atrevió a manifestarse
en el pregón municipal. Un juicio amparado y perpetrado a instancias del
gobierno municipal y del Partido Popular de Guadalajara.
Ante este injusto
enjuiciamiento, ante la “brutalidad” de esta acción de Antonio Román, no
cabe más que pedir la ABSOLUCIÓN
de los 5 del Buero.
La libertad de expresión no puede
llevar a nadie a la cárcel.
El próximo 14 de febrero, a las
10 de la mañana, acompañaremos a los 5 del Buero, estaremos frente a los
Juzgados. Si nos tocan a uno, nos tocan a todos.
¡Nosotros también estuvimos en el
Buero! ¡La lucha sigue! ¡ABSOLUCIÓN!
No hay comentarios:
Publicar un comentario