La nueva ministra de Educación y
Formación Profesional, Isabel
Celaá,
compareció el pasado miércoles, 11 de julio, en la Comisión de
Educación del Congreso de los Diputados. Toda la comunidad educativa
estaba expectante, deseaba conocer de primera mano sus líneas
maestras en el ejercicio de su responsabilidad. Lo primero que
constatamos es que el cambio de talante, de tono y de
conocimiento del terreno educativo
no tienen nada que ver con sus predecesores, Wert y Méndez de Vigo,
unos chicos rancios, retrógrados, ultraconservadores y prepotentes
que, según se mire, han pasado a mejor o peor
vida,
pero por lo menos ya no están en primera línea destructora.
La señora Celaá, en 270 minutos
intensos, además de exponer los
principios rectores
de su ministerio entró, educadamente, al trapo de las reflexiones y
preguntas de los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios.
Queremos destacar algunos de los anuncios de la ministra que pueden
considerarse positivos: modificación del apartado 109.2 de la LOMCE
para dar prioridad
a la Educación Pública
a la hora de la programación de las plazas escolares, dado que hasta
ahora la mal llamada “demanda social” beneficiaba, en muchos
casos, a los centros concertados; recuperación del papel decisorio
y de gobierno de los Consejos Escolares de Centro, por lo que la
intención es la de potenciar la participación de la comunidad
educativa en estos órganos colegiados; derogación
del RD 14/2012
de 20 de abril de medidas urgentes de racionalización del gasto
público educativo, por el cual el Ministro Wert realizó unos
recortes brutales y agresivos en los centros ampliando el horario
lectivo del profesorado, lo que provocó el despido de más de 32000
docentes, aumentó en un 20% la ratio del alumnado por aula e hizo
factible no cubrir las bajas del profesorado hasta después de 10
días lectivos de ausencia; suprimir los itinerarios segregadores de
la LOMCE para chicos y chicas de 13 años; recuperar los
programas de diversificación
en la ESO; modificar los Programas de Mejora, Apoyo y Refuerzo (PMAR)
y la FP Básica para que no sean vías de segunda categoría para el
alumnado con mayores necesidades educativas; eliminación
de las reválidas
de la LOMCE, ...
Pero Isabel Celaá fue poco
valiente, porque la comunidad educativa esperaba expectante el
anuncio de medidas urgentes como la
derogación de la LOMCE
de forma inminente, que las religiones salieran fuera de la escuela,
que el gobierno del PSOE blindara la financiación de la Educación
Pública con un suelo similar a la media europea (UE15) del 6,2% del
PIB,… Pero la aritmética parlamentaria, los 84 diputados
socialistas parece que no dan para avanzar tanto como deseamos.
La LOMCE, una
ley segregadora, elitista y nada educativa,
tiene que dar paso YA a otra propuesta legislativa, a una ley
orgánica, que vertebre un sistema público educativo, laico,
participativo, democrático, plural, compensador y de calidad. Es
urgente una ley educativa que forme bien a toda la ciudadanía de
este país, fomentando la capacidad crítica para construir una
sociedad más justa, más solidaria y que proteja el bienestar de
todas y todos. La LOMCE sí es posible derogarla en su totalidad, y
si el PSOE no se atreve ya hay otros grupos parlamentarios como
Unidos Podemos que están dispuestos a presentar en las próximas
semanas una
propuesta legislativa
que acabe, de una vez por todas, con la contrarreforma educativa del
Partido Popular.
No es suficiente que la
religión no sea computable
a efectos académicos y que no tenga alternativa, que sea de oferta
obligatoria para los centros y voluntaria en la adscripción del
alumnado. No nos sirve este pobre avance. Creemos que se debe
garantizar el derecho de nuestro alumnado a una educación que
respete la libertad de conciencia y eduque sin dogmas. Para ello son
necesarias medidas concretas para que cualquier religión quede fuera
del currículo escolar y los actos y la simbología religiosa fuera
de los espacios públicos educativos. Por lo que el PSOE, con
Sánchez, Borrell y Celaá a la cabeza, de forma urgente debe
realizar la denuncia y eliminación del antidemocrático Concordato
con la Santa Sede (Vaticano),
un acuerdo internacional (1979) que estigmatiza nuestra educación,
incompatible, de todas todas, con un Estado aconfesional. ¡La
educación en las escuelas y la religión en las iglesias!
Es imprescindible un aumento
significativo de la
inversión pública educativa
y revertir los malditos recortes de los gobiernos del PP. El PSOE
tiene un reto importante para los PGE de 2019, en los que debe
aumentar bastante la dotación de la partida presupuestaria de
Educación para recuperar la Educación Compensatoria, mejorar la
formación del profesorado, impulsar fondos de cooperación
interterritorial para construir nuevos centros educativos públicos y
para empezar a tener una buena red pública de Educación Infantil
(0-3 años) ¿Se atreverá el gobierno del PSOE de España a aumentar
la financiación educativa para estos y otros asuntos de urgencia? ¿O
tal vez ocurrirá como en Andalucía, donde los acólitos de Susana
Díaz se
"olvidaron" de apoyar una inversión mínima del 5% del PIB
para la Educación Pública en esta importante región?
La nueva ministra socialista de
Educación ha levantado muchas expectativas para superar la etapa
oscura del PP. Es hora de empezar a dar pasos para tener un
sistema educativo público de calidad,
que sea puntero en nuestro entorno, en vez de estar a la cabeza
europea en fracaso escolar, precariedad laboral y corrupción.
Celaá ha mejorado en talante, tono
y buenas palabras. Pero
no es suficiente.
¡Seguimos expectantes!
Como bien dice el refranero popular:
“Obras son amores y no buenas razones”.
Gracias por el artículo y la lucha. Una reforma es necesaria porque la escuela es la base de la educación de los ciudadanos. Libre, laica, pública y de calidad. Necesitamos una ciudadanía libre, crítica y bien formada. Un abrazo
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