(Imagen de Ferrán Martín) |
Escándalo.
Un nuevo escándalo, sin precedentes, ha sacudido en los últimos
días la vida de este país de caciques y pandereta. Ya lo
adelantábamos hace muy pocas semanas, nuestra Justicia huele a
ciprés. Lo que ha ocurrido con el Tribunal Supremo con su sentencia
en diferido sobre quién
tiene que pagar los impuestos
cuando se constituye una hipoteca es de sonrojo, vergüenza y pone de
manifiesto quiénes son los que mandan en Españistán.
¡Qué
poco dura la alegría en la casa del pobre! A finales de la semana
pasada se constató un hecho irrefutable, ¡los teléfonos funcionan
de “PM” en esta España que nos duele! Los
banqueros tienen los móviles de los jueces...
y los jueces los de los políticos. Pero estamos convencidos que los
jueces no tienen el teléfono de ningún desahuciado.
¡Cuánta
indignación!
Ha
quedado muy claro que el Supremo no puede pisarle los callos a la
banca porque se pone en peligro todo el tinglado y no solo los
beneficios de tan insignes ladrones.
Por si teníamos alguna duda, queda claro quien manda en este país;
el IBEX 35 tiene en su mano todos los resortes del poder, capaz en un
sólo día de hacer retroceder nada menos que al Tribunal Supremo por
primera vez en su historia, tras anunciar a bombo y platillo una
decisión que afectaba nada menos que a 8 millones de familias,
sentando un precedente de descrédito del Alto Tribunal ante la
ciudadanía difícil de subsanar. Tendremos que esperar hasta el 5 de
noviembre para ver cómo arreglan o complican más este desorden
judicial. Mientras tanto, los
grandes banqueros siguen protegidos por los jueces y
mimados por todos los gobiernos.
No
olvidamos que, hasta hace muy poco tiempo, la codicia bancaria ha
propiciado que se dieran hipotecas a personas insolventes, pensaban
que la burbuja inmobiliaria no se pincharía nunca.
Los dueños de los bancos, usureros y evasores, siguen y seguirán
poniendo las condiciones de los préstamos hipotecarios sin que los
ciudadanos y ciudadanas tengamos otra opción más que aceptarlas,
como mucho la rebaja de alguna décima en el diferencial con el
Euribor. Las condiciones restantes son durísimas, pues solo
perjudican al usuario y benefician al banco.
Ningún ciudadano puede ir al notario y decir que no le gustan o no
quieren esas condiciones que le impone el banco, ni la entidad
financiera acepta más cambio. Lo duro, como está pasando un día sí
y otro también, es que los bancos te embargan, te
quitan la casa,
sigue la deuda pendiente, ellos venden el piso y la ciudadanía
empobrecida no puede hacer nada.
Es
un panorama muy triste y peligroso. La banca ultraprotegida por la
Justicia española, lo que pone de manifiesto es que no tenemos una
justicia independiente e igual para todos. Como decíamos hace
unos pocos días,
estamos ante una alta institución del Estado en la que se aprecia
más la lealtad que el talento, donde no se promueve a los
brillantes, sino a los más necios y aduladores; algo que es común a
todas las dictaduras para blindar sus regímenes mediante "cadenas
de amigos, conocidos y reconocidos”, y que habitualmente no
fallan.
El
problema del Tribunal Supremo actualmente ya ni siquiera puede
medirse solo en términos de politización
de sus miembros o de obediencia partidista.
Eso es una explicación incompleta del gran problema al que nos
enfrentamos. El Tribunal Supremo sufre de algo aún peor, sufre,
salvo honrosas excepciones, de sumisión a los poderosos, de
nepotismo y de amiguismo. Se ha convertido en un coto de familias
judiciales y de individuos que se deben favores, el primero de ellos
el de haber
sido promovidos
al puesto que se ocupa.
Recordamos
que la tan denostada Constitución Española en su
apartado primero del art. 117
destaca en primer lugar la legitimación democrática del Poder
Judicial al señalar que "la justicia emana del pueblo". Es
una concreción de lo dispuesto en el art 1.2 de la Constitución
según el cual "la soberanía nacional reside en el pueblo
español del que emanan los poderes del Estado". Pero hoy en
día, nuestros poderes, legislativo, judicial y ejecutivo, están tan
viciados, corruptos, desviados
de sus cometidos,
podridos hasta la médula, generan tanta ignominia, que es imposible
que no queramos cambiar radicalmente todo esto. Por lo que se hace
urgente y necesario que los ciudadanos y ciudadanas exijamos un
proceso constituyente que permita reorientar esta maldita deriva que
llevamos, luchando por una auténtica regeneración
democrática.
Si
esto no cambia de arriba a abajo, mucho nos tememos que en pocos días
la placa del monumental edificio de la Plaza de la Villa de París
tendrá que poner un nuevo nombre : Tribunal “Santander” Supremo.
¿Lo vamos a consentir?
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