¿Qué Justicia tenemos?

¿Se acuerdan de aquel chiste de Groucho Marx que decía?: “Cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o a la ética, es natural que la sociedad reaccione. Afortunadamente vivimos en un Estado de derecho, y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La Justicia es igual para todos”. ¡Jajajajaja, qué bueno,... no paramos de reír!... ¡Anda la cabra, hemos metido la pata hasta el fondo!... ¡No era ningún chiste!... Es una frase solemne pronunciada por el rey emérito en su discurso a todo el país en la Navidad del año 2011. Lo dijo tan plácidamente, sin despeinarse, no se le movió ni la corona ni la cartera. Pedimos disculpas por traer a colación este dislate, porque con lo que está cayendo en los últimos años, no deja de ser un mal chiste macabro recordar algo que es falso.

El Caso Noos, donde el propio fiscal protege y defiende a la Infanta y a toda la casa real, la condena de la madre que compró pañales con una tarjeta bancaria que se encontró en la calle, los titiriteros y twiteros perseguidos, el procesamiento de Willy Toledo por blasfemia, Valtonyc condenado a prisión por sus letras raperas, el encarcelamiento de activistas sociales como Alfon o Andrés Bódalo, el montaje sin precedentes de la agresión de Alsasua, el deleznable voto particular del juez Ricardo González en la violación de La Manada, la financiación mafiosa del Partido Popular y de CIU,… y así podríamos seguir enumerando casos y casos que ponen de manifiesto que en este país la Justicia no es igual para todos, aunque lo diga el mataelefantes, su guacho o el olvidado Rubalcaba, ex-ministro pesoísta.

La guinda a este despropósito la ha puesto el Tribunal Supremo, hace pocos días, rechazando investigar el falso máster de Pablo Casado, dejando en el olvido uno de los mayores casos de corrupción en la universidad pública española. Con este amargo panorama, afirmar que la Justicia es igual para todos, además de resultar ofensivo es una gran mentira.

Lo que nadie puede negar es que una gran parte de la carrera judicial, por origen, formación, acceso e ideología, es ultraconservadora, descendiente del franquismo y muy cercana al Opus Dei, que no ha pasado por la llamada Transición y no se ha integrado en la democracia. Una mayoría oligárquica que es laxa a la hora de aplicar e interpretar las leyes cuando se trata de “hacer justicia” con los delincuentes que ostentan cargos públicos o con las élites del capital. Ya lo dijo Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que la Ley de Enjuiciamiento Criminal “está pensada para el robagallinas, no para el gran defraudador”. Entonces, ¿qué Justicia tenemos? ¿Igual para todos? ¡Y un pijo! Llamemos a las cosas por su nombre, estamos en un sistema clientelar que ampara a muchos delincuentes de guante blanco y persigue ferozmente a los antisistema, imponiéndoles medidas desorbitadas.

Luego que nadie se sorprenda por lo que pensamos la ciudadanía de la Justicia en España. Uno de los últimos informes de la Comisión Europea indica que un 58% de los españoles y españolas percibimos que la Justicia en nuestro país es “mala” (39%) o “muy mala” (19%), lo que supone que solo dos de los 28 países de la Unión Europea están peor que nosotros: Bulgaria y Eslovaquia. En ese estudio, se pone de manifiesto que la percepción popular es que a nuestra justicia le falta independencia, fundamentalmente por las presiones e interferencias políticas del Gobierno de turno. Es un hecho incuestionable que el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, órganos constitucionales con importantes funciones jurisdiccionales, son sin duda alguna percibidos por la mayoría de la población como correas de transmisión de intereses de otros poderes. Todo el mundo sabe que cuanto más alto se llega en el poder judicial menos es por mérito y capacidad, y más por ser acomodaticio con los inquilinos del Palacio de la Moncloa.

Por lo que está ocurriendo en los últimos años, ni la justicia emana del pueblo ni tiene independencia. La administración judicial depende jerárquicamente de lo político, entendiendo esto por los intereses inconfesables de los partidos que se han ido turnando en el poder ejecutivo del país, en un régimen infectado de corrupción, de espaldas y a veces enfrentado a la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos de nuestra querida España.

Nos llena de tristeza saber que el actual marco constitucional impide la autonomía del poder judicial y es, por tanto, incapaz de garantizar la separación de poderes y la igualdad de todas las personas ante la ley, por lo que se debería revertir esta situación (proceso constituyente) y configurar un poder judicial independiente, al servicio del pueblo y de la justicia igualitaria. Mientras esto no ocurra seguiremos pensando, tristemente, que tenemos una justicia elitista, voluntarista, patriarcal, machista, ajena a la realidad social e implacable con el débil pero laxa con el poderoso.

¿Es esta la Justicia que merecemos? ¡¡¡Estamos convencidos que NO!!!

@CPuenteMadera