El
tiempo vuela muy rápido, ya han pasado cuatro largas décadas desde la muerte
del dictador
Franco. Más de 22 millones de españoles y españolas tienen menos de 40
años, tuvieron la suerte de no conocerlo, y casi 8 millones más, apenas lo
padecieron. Todo esto no impide que se siga sin condenar, por parte de algunos
políticos e instituciones públicas, los crímenes y horrores del maldito
régimen, debiendo reconocer que los delitos del franquismo fueron cometidos
contra toda la sociedad española y por extensión contra la humanidad.
Un
Estado que se considere democrático y justo debe practicar políticas públicas
que reconozcan el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, tanto
por las victimas como por sus familiares que siguen reclamando recuperar la
memoria y tener a los suyos en lugares dignos de descanso y no en fosas
comunes o en cunetas olvidadas. Es el propio gobierno quien impide su
apertura, olvidando e incumpliendo las recomendaciones de la ONU
(2014). Es una simple cuestión de dignidad y humanismo, algo que es reconocido
en el resto del planeta y que algunos políticos españoles olvidan.
Pero
el Partido Popular no está solo en esta tremenda tropelía, ha aparecido un
alumno aventajado. Tenemos al emergente líder de Ciudadanos,
a Albert Rivera que no quiere abrir un debate sobre la memoria histórica,
afirmando, sin ningún pudor, que en nuestra Guerra Civil “no
hubo ni vencedores, ni vencidos”. Así, sin despeinarse, lanza esta inmensa
mentira. Pero la verdad es muy obstinada, mientras los que defendían el
legítimo gobierno de la república yacen enterrados en las cunetas, los
golpistas fascistas gozaban y siguen
disfrutando de su botín y alimentando una mentira que muy pocos creen.
Se ve que Rivera desconoce que España es el segundo país en el mundo con
más fosas comunes, superado únicamente por Camboya y sus jemeres rojos.
El
nacionalista español y su partido Ciudadanos defienden las viejas ideas del PP,
pero con caras nuevas, imponiendo la
censura y la mordaza; son unos lobeznos con piel de cordero, enamorados de
sí mismos, del capitalismo puro y del nacionalcatolicismo. Esta nueva derecha
con alma franquista que quiere incumplir la ley, no apoyando la retirada de
simbología y nomenclatura
fascista de nuestras calles y plazas, son los que quieren gobernar este
país. ¡Apañados vamos!
Desde esta humilde tribuna, reivindicamos una vez
más el derecho a la justicia, por lo que creemos imprescindible la
anulación de la Ley de Amnistía de 1977 en los apartados que permiten la
impunidad de los crímenes franquistas, y paralelamente crear una Fiscalía
especializada para la investigación y persecución de estos delitos de lesa
humanidad. Se debe dar una
vuelta de tuerca más a la Ley de Memoria Histórica, con la localización y judicialización de todas
las fosas comunes del franquismo, declarando por ley la responsabilidad directa
e ineludible del Estado Español respecto a la exhumación de las fosas comunes.
Como docentes que somos, queremos demandar también al Ministerio de Educación y a las Consejerías
de Educación de las Comunidades Autónomas para que establezcan, en los
diferentes niveles de enseñanza y sus contenidos curriculares, una
normativa acorde con la verdad histórica de la II República, el Golpe de
Estado del 18 de julio del 36, la Guerra Civil, la Dictadura, la represión
franquista y la transición. Son las administraciones educativas las que deberán
comprobar y subsanar los contenidos en los libros de texto sobre historia,
contemplándolos desde la objetividad y la transparencia.
Estamos con los diferentes colectivos
de víctimas del franquismo y del fascismo, sus reivindicaciones deben
plasmarse durante la próxima legislatura en normas jurídicas para el necesario reconocimiento
de nuestra memoria democrática y antifascista, acabando definitivamente con la
impunidad del franquismo y con la situación de flagrante injusticia que han
tenido que soportar durante décadas centenares de miles de personas.
Después de 40 años, queda mucho por hacer. ¡Ni olvido, ni perdón! Es de
justicia que la verdad se imponga.
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