Tendemos a olvidar
demasiado fácilmente. Quién sabe, quizá lo de aparcar los malos recuerdos se
deba a algún mecanismo psicológico de autodefensa, pero el caso es que da la
impresión de que se nos está olvidando todo lo que han hecho Rajoy y el PP durante los
últimos cuatro años. Parece que ya no nos acordamos de reprimieron
brutalmente la protesta social, de que privatizaron hospitales, de que redujeron
el presupuesto de los servicios sociales por debajo del mínimo de subsistencia,
de que prácticamente se cargaron la cooperación internacional, de que en cuatro
años despidieron a 32000 docentes…
O sea, que ahora el gobierno del PP se encuentra
agazapado tras una situación de interinidad que, afortunadamente, le impide
gobernar, pero no podemos olvidar que durante todo este tiempo se ha comportado
como el enemigo número 1 del pueblo. Y como pueda, lo va a seguir haciendo.
Como consecuencia de su política
fiscal electoralista y clasista, ha vuelto a incumplir el objetivo del
déficit. La consecuencia, ahora, no sólo va a ser que España será sancionada
(de aquí a unos meses, para no empañar la imagen de don Tancredo), sino que el
programa de estabilidad 2016-2019 que han presentado a la Comisión Europea
contempla recortes de 12000 millones en educación y sanidad, tal y como ha denunciado
recientemente Izquierda Unida. Evidentemente, eso no lo van a decir en
campaña ni va a figurar en su programa, ese extraño documento con el que cada
cuatro años engañan a una parte de la sociedad española.
De modo que los servicios públicos vuelven a estar en
el objetivo del PP y la oligarquía socioeconómica a la que representa y, por lo
tanto, la educación está en peligro. La educación pública está siendo atacada
mediante dos estrategias igualmente destructivas. En primer lugar, y de forma
más visible, recortando
el presupuesto en educación hasta límites insoportables. Quizá la gente no
lo sepa, pero hace años que en los centros públicos prácticamente no se compra
un libro, no se renuevan las bibliotecas, no se actualizan los equipos
informáticos, no se financian actividades extraescolares, no se realizan
desdobles en idiomas o disciplinas experimentales, y a veces apenas alcanza
para pagar la calefacción o la luz. Y eso por no hablar de cómo la reducción de
plantillas y el aumento de las ratios ha convertido muchas aulas en espacios
congestionados e irrespirables, donde los docentes no tienen tiempo ni recursos
para atender a los alumnos con dificultades de aprendizaje. O por no hablar de
cómo el
profesorado interino es despedido sin miramientos antes de terminar el
curso, para no pagarle las vacaciones, como si las personas fueran kleenex que
se usan y se tiran. En fin, hace un tiempo nadie habría imaginado ese grado de
ensañamiento contra la educación pública en país supuestamente civilizado. Pero
quizá eso no sea lo peor. El sistema educativo está sufriendo un ataque mucho
peligroso porque es más sutil. Se trata de un ataque ideológico. La LOMCE ha
introducido en el corazón de nuestra organización escolar no sólo el modelo
político autoritario del PP, que ha convertido a los consejos escolares en
comparsas y a los directores en emperadores, sino también su modelo económico
ultraliberal. Ahora el currículo se organiza en torno a competencias (del verbo
competir), estándares, rankings… y otros conceptos del mundo empresarial que
pretenden mercantilizar
la educación.
En definitiva, la educación pública, la de todos y
todas, la que no discrimina, la que no adoctrina, está más amenazada que nunca
aunque no lo parezca. Por eso nosotros, una vez más, hacemos un llamamiento
para defenderla en la calle (participando, por ejemplo, en las Marchas
por la Dignidad del 28 de mayo), en las urnas (no votando a las derechas ni
a sus sucedáneos) o en los foros de debate (acudiendo a la IV
Jornadas Estatales por la Educación Pública que está organizando ADEPAB
para los días 8 al 10 de julio). Ya iremos informando.
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